El juez Pedraz imputa a Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y Ana María Fuentes en una investigación sobre una presunta estructura organizada para influir en causas judiciales
La corrupción es tan vieja como el ser humano. Está todo inventado en ese terreno; cuando los sinsentidos no funcionan por las buenas, se trata de buscar otro camino alternativo. Cuando no puedes ganar, haces trampas. Y las trampas, en este sistema moderno, es comprar al mensajero o al juez. Muchos mensajeros, léase periodistas, ya están bien comprados, más que nada porque en medio de un periodismo cada vez más devaluado, es muy fácil alquilar los servicios de prostitutas de la información.
Lo de comprar las voluntad de los jueces ya no es tan fácil, pero en el seno del PSOE seguro que piensan que «había que intentarlo». Porque como toda la cantidad corrupción está brotando de debajo del suelo, ya no se puede tanta ‘basura’ debajo de la alfombra. Cuando ya perdiste la verdad y la razón solo te queda comprar la verdad. Y eso es lo que investiga el juez Pedraz, que tiene amplios indicios, presuntamente, de intentos de influir judicialmente. Si esto se diera, se resquebraja totalmente todo nuestro sistema, en el que debe primar por encima de todo la separación de poderes. En caso de que no sea así, nos encontraríamos con un país dictatorial o comunista, el caos total.
Ahora, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del partido Ana María Fuentes en el marco de una investigación sobre presuntos pagos irregulares y una supuesta estructura organizada destinada a interferir en procedimientos judiciales.
La causa analiza la posible existencia de una red que habría operado para influir o desestabilizar investigaciones judiciales y actuaciones policiales relacionadas con el PSOE o con el entorno del Gobierno. Entre los delitos investigados figuran organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación, inducción al falso testimonio y acusación falsa, entre otros, demasiado para taparlo de algún modo.
El auto judicial sitúa el origen de las actuaciones investigadas en abril de 2024, en torno a una reunión celebrada en Ferraz dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que se tomaría unos días de reflexión tras la apertura de investigaciones judiciales relacionadas con su entorno familiar.
Según el instructor, en esa reunión habrían participado Santos Cerdán, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el diputado Juan Manuel Serrano, el entonces director de Comunicación del PSOE Ion Antolín y otros miembros de la estructura orgánica del partido. A partir de ese momento, el juez describe la posible configuración de un grupo coordinado en el que Díez habría desempeñado un papel operativo bajo la dirección de Cerdán.
El magistrado señala que ese grupo habría desarrollado actuaciones orientadas a interferir en causas judiciales o investigaciones policiales que pudieran afectar al partido o al Gobierno, en una dinámica que considera continuada y estructurada, aunque subraya que todos los hechos están sujetos a verificación judicial. La investigación también incluye referencias al expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana, y al diputado del PSOE Juan Francisco Serrano Martínez, de quienes se analizan posibles colaboraciones con los principales investigados.
Respecto a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, el magistrado aprecia indicios de posible participación como cooperadora en los hechos investigados, así como una eventual implicación en la emisión de facturas presuntamente irregulares, lo que podría constituir un delito de falsedad en documento mercantil.
49 reuniones en un año
El auto recoge la existencia de al menos 22 reuniones en la sede del PSOE entre Leire Díez y Santos Cerdán, además de otras 17 fuera de Ferraz. Estas reuniones son consideradas por el juez como posibles espacios de coordinación y seguimiento de actuaciones vinculadas a la investigación.
También constan anotaciones manuscritas de Leire Díez en las que afirma que el contacto con el PSOE fue limitado durante un periodo prolongado, hasta que comenzaron a producirse reuniones tras el estallido de determinadas investigaciones judiciales. El instructor recoge estas anotaciones dentro del conjunto de indicios analizados.
La última de las reuniones en Ferraz se habría producido en abril de 2025, mientras que el último encuentro fuera de la sede socialista se sitúa en mayo del mismo año. El juez considera que estas citas podrían haber servido para coordinar actuaciones y supervisar la evolución de los procedimientos bajo investigación.
El magistrado subraya la gravedad de los hechos analizados, tanto por la naturaleza de los delitos investigados como por el volumen económico de las operaciones examinadas, si bien recuerda que el procedimiento se encuentra en fase de instrucción y que no existen resoluciones judiciales firmes sobre los hechos investigados.
