Lo que ocurre hoy en Irán no puede seguir analizándose como un episodio coyuntural ni como un ‘conflicto interno’ ajeno a quienes observamos desde Europa. Persistir en esa lectura es una forma sofisticada (y moralmente cómoda) de indiferencia. Las protestas que sacuden al país son la expresión de una crisis estructural de legitimidad política.
El régimen iraní responde al manual clásico del autoritarismo cerrado: concentración del poder, control ideológico, represión sistemática y una narrativa permanente del enemigo externo. Cuando el Estado deja de gobernar mediante el consenso y pasa a hacerlo a través del miedo, lo que se evidencia no es fortaleza, sino debilidad institucional.
Por ello, reducir la revuelta iraní a una cuestión religiosa o identitaria es un error analítico grave. No se trata del velo como símbolo aislado, sino del cuerpo como territorio político. Las mujeres iraníes no desafían una prenda; desafían un sistema que ha convertido la vida privada en un asunto de seguridad nacional. Y ese desafío ha expuesto que el régimen no tema a Occidente, sino que tema a sus propias ciudadanas.
España, como parte de la Unión Europea, no puede seguir sosteniendo una posición ambigua amparada en la diplomacia prudente. La defensa de los derechos humanos no puede activarse solo cuando no incomoda intereses económicos o geopolíticos. Y es que, verdaderamente, resulta paradójico (por no decir cínico), que sociedades que se reivindican como democracias consolidadas acepten relaciones normalizadas con Estados que encarcelan, torturan y ejecutan por el simple hecho de disentir.
Desde mi punto de vista, esta represión sostenida, a largo plazo, generará radicalización, exilio y fractura social y, por tanto, ignorar esto no es neutralidad, sino que es complicidad pasiva. Y España, que ha construido buena parte de su identidad democrática sobre la memoria de una dictadura reciente, debería ser especialmente sensible a este tipo de casos.
También se ha de resaltar que el silencio institucional europeo frente a Irán contrasta con la claridad moral que sí se exige en otros escenarios internacionales. Esa doble vara erosiona la credibilidad de cualquier discurso sobre valores democráticos y derechos universales. No se puede condenar el autoritarismo en abstracto y tolerarlo en la práctica cuando resulta incómodo señalarlo.
Irán no está pidiendo intervención militar ni tutelaje extranjero. Está reclamando algo sencillo: que no se legitime a quienes gobiernan a base de represión. Que no se negocie como si nada mientras se disparan balas contra manifestantes. Que no se relativice la violencia estatal bajo el pretexto del respeto cultural.
Las calles iraníes han demostrado que el cambio político no siempre comienza en los parlamentos, sino que, en ocasiones, comienza por medio de la desobediencia civil frente a una injusticia que muchos ven como algo ‘normal’ (con esto no quiero llamar a la población de cualquier país o a cualquier trabajador de alguna empresa a que desobedezca continuamente). Por ello, la pregunta ya no es qué hará Irán con su futuro, sino qué hará Europa y España en particular con su coherencia democrática.
Porque cuando la defensa de los derechos humanos se convierte en un eslogan selectivo, deja de ser un principio y pasa a ser propaganda.
