La nueva Ordenanza de Civismo y Convivencia sale adelante con los votos de PSC, Junts y Vox y establece multas de entre 400 y 750 euros
El Pleno del Ayuntamiento de Lérida ha aprobado este viernes la nueva Ordenanza de Civismo y Convivencia, que prohíbe llevar en los espacios públicos prendas o elementos que oculten completamente el rostro, una medida que afecta directamente al burka y al niqab. La normativa ha salido adelante con 16 votos a favor y 11 en contra, después de que el PSC, Junts y Vox respaldaran el texto frente a la oposición de ERC, PP y Comú de Lérida.
La ordenanza sustituye a la normativa de civismo vigente desde 2007 e incorpora un nuevo régimen para determinadas conductas en la vía pública. En el caso de las prendas que ocultan completamente el rostro, la conducta queda tipificada como infracción leve y puede ser sancionada con multas de entre 400 y 750 euros. Antes de imponer la sanción está prevista una advertencia a la persona afectada.
El texto aprobado no menciona expresamente las palabras burka o niqab, sino que establece una prohibición general de cualquier prenda, vestimenta o indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos. La norma contempla excepciones, entre ellas los lugares de culto y aquellos espacios en los que cubrirse el rostro responda a determinadas costumbres sociales aceptadas o al ejercicio de un derecho fundamental.
El alcalde de Lérida, Fèlix Larrosa, ha defendido la nueva ordenanza como una herramienta destinada a establecer unas reglas comunes de convivencia. El Gobierno municipal sostiene que la normativa pretende combinar la prevención y la mediación con la capacidad sancionadora cuando sea necesario. La regulación incluye además medidas contra otras conductas consideradas incívicas en los espacios públicos.
PSC, Junts y Vox respaldan la medida
El PSC, que gobierna el Ayuntamiento, ha contado finalmente con el respaldo de Junts y Vox para sacar adelante la modificación. Junts había presentado numerosas enmiendas al texto inicial y anunció su apoyo después de que el Gobierno municipal aceptara parte de sus propuestas.
La portavoz de Junts en Lérida, Violant Cervera, había planteado además introducir en el redactado la referencia a que la prohibición se aplicará «de acuerdo con la normativa vigente». El objetivo de esta modificación es adaptar la ordenanza a una eventual regulación estatal sobre el uso del velo integral en los espacios públicos.

Vox también ha respaldado la prohibición. Por el contrario, PP, ERC y Comú de Lérida han votado en contra, aunque por motivos diferentes. El PP considera que el texto establece excepciones que impiden una prohibición general, mientras ERC y Comú han cuestionado el carácter sancionador de la ordenanza.
La nueva regulación también incluye otras modificaciones relacionadas con la convivencia ciudadana. Las infracciones más graves pueden alcanzar multas de hasta 3.000 euros, mientras que el texto incorpora medidas relacionadas con conductas como el vandalismo, determinadas conductas discriminatorias, el consumo de alcohol en la vía pública o la realización de necesidades fisiológicas en espacios públicos.
Lérida ya intentó prohibir el velo integral en 2010
La decisión tiene un precedente especialmente relevante. Lérida ya aprobó en 2010 una prohibición del velo integral, también durante un Gobierno municipal socialista. Aquella normativa fue recurrida ante los tribunales y terminó siendo anulada por el Tribunal Supremo en 2013.
El Supremo consideró entonces que un ayuntamiento no tenía competencia suficiente para establecer por ordenanza una limitación de un derecho fundamental, como la libertad religiosa. La sentencia se convirtió en el principal obstáculo jurídico para otras iniciativas municipales destinadas a prohibir el burka y el niqab.
La nueva ordenanza intenta diferenciarse de aquella regulación mediante una redacción más general y la incorporación de excepciones vinculadas a los derechos fundamentales y a la normativa vigente. Junts ha defendido precisamente que esta fórmula permitirá adaptar la norma si el Estado aprueba en el futuro una legislación específica sobre el ocultamiento del rostro.
La aprobación abre ahora una nueva etapa en el debate sobre el velo integral en España, donde las competencias municipales y los límites derivados de la libertad religiosa han sido objeto de controversia jurídica. La nueva regulación de Lérida tendrá que aplicarse dentro del marco legal vigente y podrá ser objeto de impugnación si alguna de las partes considera que vulnera derechos fundamentales.


