El 40% de los votantes socialistas están en contra de la nacionalización de más de medio millón de inmigrantes, según una encuesta
La mayoría de los ciudadanos españoles se muestra en contra de la medida de regularización masiva de inmigrantes en situación irregular acordada por el Gobierno socialista y el partido Unidas Podemos, según una encuesta reciente publicada este sábado. El sondeo, realizado por la firma Sigma Dos para un medio nacional, revela que el 55,1 % de los encuestados rechaza el decreto de regularización, frente a un porcentaje menor que se muestra a favor o neutral sobre la iniciativa del Ejecutivo.
La medida en cuestión, aprobada por real decreto y pactada entre el PSOE y sus socios parlamentarios, pretende ofrecer residencia y autorización de trabajo a más de medio millón de personas sin permiso legal que cumplan requisitos como haber vivido en España antes del 31 de diciembre de 2025, residir al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales.
El rechazo a la medida no se limita a los votantes de los partidos de oposición: aunque entre los partidarios del Gobierno el apoyo es relativamente más alto, casi el 40 % de quienes se identifican como votantes socialistas también se declara “poco o nada de acuerdo” con la regularización extraordinaria. Entre los votantes de otras formaciones, el descontento es aún mayor, consolidando un rechazo transversal en la opinión pública española.
El debate ha adquirido un fuerte tono político en las últimas semanas. Dirigentes de la oposición han criticado que la medida pueda incentivar la llegada de más inmigrantes o ejercer presión sobre servicios públicos, mientras que el Gobierno defiende la iniciativa como un instrumento para regularizar realidades existentes y dinamizar sectores económicos que dependen del trabajo migrante. En definitiva, crear futuros votantes socialistas a golpe de ‘paguitas’.
Expertos demográficos han señalado además que el número real de inmigrantes en situación irregular en España podría ser mayor al estimado oficialmente, con algunas proyecciones que sitúan la cifra en alrededor de 840.000 personas, lo que añadiría complejidad al impacto de cualquier proceso de regularización.
