El Gobierno español ha aprobado una subvención pública de 150.000 euros destinada a un programa de cooperación internacional centrado en el “fortalecimiento y protección de indígenas LGBTQIA+ del pueblo guaraní” en Brasil, una ayuda financiada íntegramente con fondos públicos y tramitada de forma directa por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El proyecto, fechado el 22 de julio de 2025, se enmarca en las políticas de cooperación del Ejecutivo y no contempla contraprestación económica directa, según la ficha oficial de la subvención publicada en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.
La extraña iniciativa, que busca apoyar específicamente a personas indígenas LGBTQIA+ guaraníes, ha generado un intenso debate político y social al tratarse de una transferencia de dinero público a un colectivo concreto en un país extranjero, en un contexto marcado por elevados niveles de presión fiscal y retos económicos domésticos. Una medida totalmente inoportuna dentro de la agenda de un gobierno desnortado que considera una prioridad estas extrañeces frente necesidades internas, mientras que el Gobierno defiende estas partidas como parte de su compromiso con los derechos humanos y la cooperación internacional.
La adjudicación directa y la naturaleza específica del programa se perciben como un ejemplo de uso arbitrario e irreal de los fondos públicos, al ejecutarse sin debate parlamentario previo y hacia un objetivo que, según los detractores, no responde a necesidades básicas como salud, educación o infraestructuras en España, para lo cuál nunca hay dinero en cambio. El programa forma parte de una cartera más amplia de ayudas de cooperación internacional que el Gobierno gestiona a través de la AECID, aunque su enfoque y destinatarios han generado polémica en medio de las discusiones sobre prioridades presupuestarias y la eficacia de la cooperación
