El asalto que lleva incorporado la ocupación de viviendas, como complemento delictivo, en este país, se ha convertido en un destacado problema. Algunos argumentan que la ocupación ilegal es un derecho para los que no pueden acceder a ellas, autodeclarándose vulnerables. El problema de esa ocupación delictiva en un gran porcentaje viene patrocinado e incentivado por algunas formaciones políticas del entorno de la izquierda. Lejos de contribuir a erradicar esta novedosa modalidad delictiva, las han facilitado instituciones como es el caso de un importante Ayuntamiento, el de Barcelona. Una ciudad en la que la ocupación ilegal está siendo protegida por las autoridades municipales, sobre todo en la época de la alcaldesa Ada Colau. Una activista pro ocupación ilegal que ha colocado a la capital catalana como el mayor escaparate del delito de ocupación ilegal de inmuebles. Es decir, ha situado a la capital condal como polo de atracción para los delincuentes de la ocupación inmobiliaria. Dicha ocupación ilegal supone en Barcelona un 31% del total en España. Llegando en 2024 a darse 5.077 casos de delitos contra la propiedad privada de inmuebles.
Los propietarios de viviendas, que han colocado sus inmuebles en el mercado del alquiler, se encuentran muy preocupados. Temen que los episodios de ocupación ilegal puedan afectarles de lleno y acarrearles, si les ocurre, graves consecuencias económicas. En definitiva, temen por el futuro de su inversión. Además, algunos de ellos están sufriendo en primera persona el incremento de la morosidad en cuanto al pago de sus inquilinos, lo que está sirviendo para que la oferta de pisos en alquiler esté decreciendo de manera extraordinaria. Se está reduciendo de manera escandalosa, a lo que se le suma la escasa construcción de inmuebles, contribuyendo a que la crisis inmobiliaria se halle en máximos históricos.
La falta de respaldo de la administración a los propietarios decanta el problema en favor de los violadores de inmuebles. Lo cual sirve para que los propietarios se vean incapaces de obligar a sus inquilinos cuando por diversas causas no hagan frente a los compromisos del contrato de alquiler. Un hecho que se está convirtiendo en un gran problema que va minando la salud. Porque ese incumplimiento de contrato prolongado en el tiempo, al dueño del piso, no solo le repercute en su economía, también el factor salud entra con fuerza en este tipo de crisis. Esos propietarios a los que la administración les da la espalda no dudan, en cuanto su vivienda quede vacía. La retiran del mercado del alquiler. Se plantean tres alternativas: mantenerla cerrada, desprenderse de ella poniéndola a la venta a bajo coste o contratar una empresa de desocupación. Un hecho que contribuye al aumento del precio de los alquileres.
La ley de la oferta y demanda en el sector inmobiliario también funciona, pero de manera más cruda. Una mayor demanda frente a una baja oferta es la fórmula perfecta para incrementar el precio del alquiler. Se encuentra tan caro el alquiler de una vivienda que es muy difícil el acceso. La administración central, el gobierno social-comunista, se está viendo desbordado. Se ve incapaz de solucionar el problema de la vivienda que se ha colado como uno de los más extendidos en España. Son los jóvenes los que en mayor medida están sufriéndolo. Son los jóvenes los que aspiran a dar los primeros pasos fuera del ‘nido familiar’, los que desean independizarse y tienen en la vivienda un primer reto a superar. Tras la firma de un contrato de trabajo es el siguiente contrato al que aspiran. Pero suele ser más que un reto una empresa casi imposible de conseguir.
Efecto sobre la natalidad
Disponer de una vivienda con un alquiler asumible es una meta casi inalcanzable y sirve para retrasar la emancipación. Somos un país en el contexto de la UE donde los jóvenes tienen que retrasar la emancipación más allá de los 35 años. Un hecho que tiene otro efecto colateral muy preocupante. Incluso diría que aún más relevante, ya que cuenta con vasos comunicantes sobre la natalidad. El aplazamiento forzoso de la emancipación supone diseñar un futuro donde tener hijos no es una decisión prioritaria y por tanto pone de relieve un descenso de la natalidad de manera alarmante. Cada vez más existe demasiada dificultad para que se lleve a cabo el relevo generacional de modo ordenado. Los datos lo confirman. El pasado año fallecieron más personas de las que nacieron. Un hecho que va en consonancia con la edad media de la emancipación que tiene como máximo problema la dificultad de obtener un buen alquiler.
Tener hijos no se encuentra ente las prioridades de los ciudadanos jóvenes de este país. Como se puede comprobar, la crisis actual en cuanto a la vivienda acapara muchos campos. Una crisis que da origen o contribuye a otras como hemos comprobado. Lo más crudo de todo ello es que a día de hoy no tenemos esperanza alguna de que se corrija la difícil situación. Al contrario, la crisis de la vivienda se irá acentuando si continúan legislando de espaldas a los propietarios de viviendas. Si se continúa desarrollando políticas donde el respeto a la propiedad privada siga siendo atacada, por parte de nuestros actuales gobernantes, la crisis se convertirá en una gran pandemia y un ataque a las nuevas generaciones.
