Once de los doce marroquíes detenidos por la emboscada contra una patrulla de militares de Regulares en Benzú han sido condenados a dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad. La pena, sin embargo, será sustituida por la expulsión de España durante cinco años.
La decisión judicial se ha conocido este viernes en Ceuta y afecta a once de los doce arrestados por su presunta participación en el ataque. Los acusados han reconocido los hechos y han aceptado la pena acordada entre la Fiscalía y sus defensas. Según fuentes judiciales, los once condenados admitieron haber arrojado piedras contra los militares cuando la patrulla entraba en Benzú. La investigación apunta a que el grupo había preparado previamente la acción y esperaba el paso de algún vehículo para atacarlo.
El duodécimo detenido ha seguido un procedimiento diferente al no aceptar los hechos ni la pena propuesta por la Fiscalía. Durante su declaración, aseguró que estaba durmiendo cuando fue detenido y negó haber participado en la agresión contra los militares.
Al no existir conformidad con la acusación y quedar pendiente la celebración del juicio, el juez ha ordenado su ingreso en prisión preventiva. Su caso deberá resolverse ahora en los tribunales, donde se determinará si existen pruebas que acrediten su participación en la emboscada. Por tanto, mientras los otros once serán expulsados de España, este último detenido permanecerá privado de libertad a la espera de que se celebre el juicio.
Hazte Oír pide investigar la cadena de mando
La resolución judicial se ha conocido el mismo día en que la asociación Hazte Oír ha solicitado al Ministerio de Defensa una investigación sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque contra los cuatro militares.
La organización reclama la apertura de actuaciones previas para esclarecer la cadena de mando, las órdenes recibidas por la patrulla, la evaluación de riesgos realizada antes de la intervención y los medios de protección disponibles para los efectivos.
Hazte Oír también pide determinar qué tratamiento recibieron las posibles advertencias formuladas antes del ataque y si las medidas adoptadas fueron suficientes para proteger a los militares desplegados en una zona considerada de especial tensión.
Además, solicita la conservación inmediata de las pruebas relacionadas con el incidente y una revisión de los protocolos y medios utilizados por las patrullas que operan en zonas especialmente conflictivas.
