No es ninguna novedad el señalar que nuestro país está atravesando una grave crisis demográfica. El relevo generacional se encuentra bajo mínimos. El número de nacimientos apenas equilibra el número de fallecimientos, lo cual tiene un reflejo en el pago de las pensiones que se está viendo perjudicado. Las aportaciones al sistema de pensiones de los trabajadores en activo apenas cubre el pago de las prestaciones a los pensionistas. A pesar de un incremento en el número de trabajadores con respecto a los años anteriores, no son suficientes para hacer frente a las nóminas de estos, que también están elevándose en cuantía y número. También observamos el aumento poblacional, que en los últimos años en España no se ve reflejado en la mejora en el pago de pensiones ni en la crisis demográfica que destacábamos.
Lo cual se deduce que la emigración no está contribuyendo como desearíamos para que la población española no se contabilice a la baja. La emigración se está utilizando como tapadera para esconder esa falta de relevo generacional nativo. Falsea esa falta de relevo al elevar el número de habitantes en nuestro país. Y tampoco, como tratan de hacernos creer, la emigración no está solventando las dificultades para el pago a los jubilados. No cabe duda que cierra alguna ‘vía de escape’, pero no es suficiente para corregir la crisis de las pensiones. Al contrario, mucha de la emigración está mantenida con ingentes cantidades de recursos públicos. Llegan a nuestro país miles de menores de edad que es evidente no están en disposición de trabajar, pero sí hay que emplear, en muchos casos, recursos públicos para su mantenimiento. Además, se están dando situaciones en las que familias marroquíes llegan a nuestro país como turistas y dejan a sus hijos menores para que sean atendidos por las autoridades españolas como MENAS.
Es decir, aprovechan la ‘generosidad’ de nuestra administración para abusar de ella dejando bajo la tutela de la administración española a sus hijos. Un hecho que ahorra el gran coste para el mantenimiento a sus familias. Lo cual significa que somos los españoles los que debemos hacer frente a la factura de todos esos MENAS. Un hecho que dista mucho de la realidad que se nos trata de vender. Se nos hace creer que son menores muy vulnerables a los que hay que atender obligatoriamente. Menores cuyos progenitores no están lejos y nos han colocado a sus hijos para que nos hagamos responsables y correr con todos los gastos de su mantenimiento.
Somos un país que hemos pasado de exportar mano de obra a ser captadores de población. Población que en su mayoría se podría denominar como ‘estática’. Al contrario de lo que supuso la emigración española hacia otros países. Fue emigración activa que nos generó muchas divisas. Pero tenemos una gran contradicción en este país. Con la elevada crisis demográfica, las autoridades que nos gobiernan desarrollan políticas que para nada están encaminadas a la protección de la familia. Bien al contrario, sitúan al aborto como eje central de un derecho de las mujeres. Es decir, se apuesta por incentivar que decaiga ese tan necesario relevo generacional. Porque el aborto, voluntario, resta población además de que no es un derecho.
Es una decisión que nada tiene que ver con ninguna clase de derecho ya que, si hablamos de derechos, hay que poner por delante el derecho del ser que lleva en sus entrañas la mujer. El derecho del neonato que no puede decidir por su vida por no haber ni siquiera nacido. Las autoridades están errando en dar una cobertura máxima al aborto, es decir dar prioridad a la muerte frente a fomentar los principios y valores de la familia que es el pilar de cualquier estado. No priman la protección a las mujeres embarazadas que muestran indecisión a que el ser que lleva en sus entrañas llegue a nacer o no. No buscan la protección al no nacido como pilar fundamental para la humanidad. Se debería acompañar a todas esas mujeres que dudan en su capacidad de ser madres, para potenciar esa parte de su personalidad y evitar caer en una frustración enfermiza. Hay que poner a disposición de esas futuras madres ayuda psicológica y recursos públicos, si fuera necesario.
Porque reforzar y fomentar la natalidad significa también proteger al no nacido. Porque el derecho a nacer está por encima del derecho de la mujer al aborto. Un derecho que choca frontalmente con la vida de un ser indefenso que es incapaz de reivindicar sus deseos. Por tanto, la protección a los más vulnerables, como son los no nacidos, debe estar liderada por las autoridades. El aborto libre solo es un proyecto para la destrucción de las sociedades.
