El Tribunal Supremo ha confirmado que el Pazo de Meirás debe pasar definitivamente a manos del Estado, poniendo fin a uno de los litigios más significativos relacionados con el patrimonio vinculado a la dictadura franquista. La decisión ratifica las resoluciones judiciales previas que consideraban que la familia de Francisco Franco no era la legítima propietaria del inmueble.
La sentencia concluye que la adquisición del pazo durante la dictadura se realizó mediante un proceso irregular, impulsado por presiones políticas y sociales propias del régimen. Según el tribunal, la residencia fue entregada a Franco como jefe del Estado, que la disfrutó durante toda la dictadura, y no como propiedad privada personal.
El Pazo de Meirás, situado en Sada, en la provincia de A Coruña, y levantado por Emilia Pardo Bazán, fue utilizado durante décadas como residencia de verano del dictador. Tras su muerte en 1975, el inmueble quedó en manos de sus descendientes, lo que generó una larga polémica política, social y judicial sobre su titularidad.
Con este fallo, el Tribunal Supremo confirma que el edificio forma parte del patrimonio público y debe ser devuelto al Estado. La resolución cierra así el proceso judicial iniciado por las administraciones públicas para recuperar el pazo. Mientras tanto, la familia Franco ha mostrado su desacuerdo con la decisión judicial, aunque el fallo del alto tribunal ya no admite nuevos recursos ordinarios.
