El teniente coronel Antonio Balas y su equipo han tomado declaración a efectivos del área de Régimen Disciplinario en la investigación sobre mandos sospechosos
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido este miércoles a la sede de la Dirección General del cuerpo en Madrid para recabar documentación relacionada con expedientes disciplinarios abiertos a mandos que participaron en investigaciones vinculadas al PSOE. La actuación se enmarca en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre el denominado caso Leire Díez.
En el interior de las dependencias, el teniente coronel Antonio Balas y su equipo han tomado declaración a efectivos del área de Régimen Disciplinario. El objetivo ha sido esclarecer la tramitación de procedimientos internos abiertos contra mandos sospechosos de haber filtrado información relativa a investigaciones como los casos Ábalos y Cerdán.
Según fuentes próximas a la investigación, los expedientes analizados no llegaron a derivar en sanciones disciplinarias. En la mayoría de los casos se trató de informaciones reservadas que fueron cerradas sin que se apreciaran responsabilidades administrativas o penales, lo que ahora forma parte del análisis judicial.
La investigación está dirigida por el juez Santiago Pedraz, que ha imputado a Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en una causa que indaga en una presunta estructura destinada a interferir en procedimientos judiciales sensibles para el entorno socialista.
En la resolución judicial se atribuyen de forma inicial delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental, acusación falsa, inducción al falso testimonio y delitos contra las instituciones del Estado. La instrucción continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avance la investigación.
El juez también aprecia indicios de colaboración en la causa por parte del expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, aunque su posible responsabilidad penal aún no ha sido concretada. Su papel dentro del procedimiento se encuentra bajo análisis.
Respecto a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, el magistrado apunta a una posible implicación en la gestión de documentación y facturación vinculada a los hechos investigados, lo que podría constituir, según la instrucción, un delito de falsedad en documento mercantil.
