La Ertzaintza y la Policía Nacional detuvieron la noche del lunes en Salvatierra (Álava) a un joven de 16 años con aparente vinculación con el yihadismo, según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Los cuerpos de seguridad, que están trabajando conjuntamente, tenían indicios de que el joven, de procedencia asiática, podría haber sido influenciado por ideologías extremistas vinculadas con el terrorismo islamista y a estas horas tratan de determinar cuál es su papel o qué apoyos tiene.
La lucha contra el yihadismo forma parte de las competencias de la Ertzaintza, que en los últimos años ha reforzado su colaboración con servicios antiterroristas de otros países en su lucha contra esta lacra, que ha sido permitida por las autoridades políticas facilitando la entrada al país de cualquier ciudadano sin identificación, causa justificada o análisis psicológico. Los que lo pagan son los ciudadanos y, en cierto grado también, los cuerpos policiales, a los que no se tiene en cuenta.
De este modo, lógicamente, los yihadistas se esconden en poblaciones donde hay una gran cantidad de población árabe, donde pasan desapercibidos, e incluso algunos cobran ayudas públicas mientras planean actos terroristas. Por eso, los casos siempre se localizan en Cataluña o, especialmente, el País Vasco, donde acudan por el reclamo de las ayudas públicas. Como es el caso del yihadista de Vitoria que cobraba 1800 euros mensuales de ‘paguitas’ o la yihadista que preparaba a sus hijos «al servicio del terrorismo».
La entrada indiscriminada de extranjeros a España provoca que la dificultad para los cuerpos del Estado de vigilar y controlar a estos individuos, si es que saben que existen, es enorme. Y más si algunos tienen solo 16 años. Esto es lo que ha conseguido el Gobierno de España, que terroristas vivan tranquilamente en suelo español e incluso vivan del dinero que todos pagamos de impuestos, mientras planifican actos terroristas. El día que pase algo grave no podremos decir que no estábamos avisados.
