La medida afecta a 644 presos políticos, entre ellos el opositor Juan Pablo Guanipa, en una acción que quiere marcar un nuevo rumbo en el país
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados por hechos ocurridos entre 2002 y 2025. La medida excluye a quienes hayan cometido violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, homicidio intencional, narcotráfico o corrupción. Tampoco beneficiará a quienes promovieron acciones armadas contra la soberanía del país. El resto, son libres.
La amnistía abarca episodios como el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, el paro petrolero de 2002-2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024. El Parlamento sostuvo que la norma busca cerrar ciclos de confrontación política. La ley fue promulgada en el palacio de Miraflores. Una medida que busca la reconciliación del pueblo venezolano tras la intervención de USA.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, celebró la aprobación y afirmó que la legislación abre una etapa de reencuentro nacional. Señaló que el país debe “aprender a convivir pacífica y democráticamente”. También llamó a saber “pedir perdón y recibir el perdón”. Rodríguez pidió revisar casos no contemplados en la norma para “curar heridas” y fortalecer la justicia. La iniciativa forma parte del “nuevo momento político” anunciado tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero durante un ataque militar de Estados Unidos.
La ONG Foro Penal cifra en 644 los presos políticos en el país, pese a más de 400 liberaciones recientes. Entre los beneficiados figura el opositor Juan Pablo Guanipa, liberado horas después de aprobarse la ley. Familiares de detenidos celebraron la decisión entre lágrimas y consignas. El Gobierno encargado ya inició excarcelaciones desde el 8 de enero.
«Medida insuficiente»
Así mismo, un grupo de diez mujeres que mantenía una huelga de hambre levantó la protesta tras el anuncio parlamentario. Aseguraron que continuarán exigiendo la liberación de todos los detenidos. Organizaciones de derechos humanos y partidos opositores expresaron reservas sobre el alcance de la norma.
El coordinador de Provea, Óscar Murillo, consideró que el texto no refleja plenamente un espíritu de reconciliación. Alfredo Romero, de Foro Penal, dijo que la ley debe recibirse con optimismo, aunque advirtió que deja casos fuera. Justicia, Encuentro y Perdón la calificó de “revictimizante y excluyente”, afirmando afirmó que es insuficiente y sesgada. En contraste, el diputado Stalin González la definió como una herramienta para reconstruir la justicia, aunque admitió que no es perfecta. El debate político continúa en torno a su implementación.
El presidente del Parlamento reconoció que hubo mala utilización de la Ley contra el Odio, aprobada en 2017. Indicó que podría reformarse en el marco del Programa por la Convivencia Democrática. Esa normativa contempla penas de hasta 20 años de prisión y ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos.
