El juez Peinado atribuye a la imputada delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida
El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto el enjuiciamiento Begoña Gómez por hasta cuatro delitos distintos, tras dar por concluida la instrucción del caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno. La decisión abre el procedimiento hacia la fase de juicio oral, en la que las partes deberán posicionarse sobre la apertura del proceso.
El magistrado atribuye a Gómez delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En su auto considera que existen indicios suficientes para que estos hechos sean juzgados por un tribunal con jurado popular, lo que eleva la relevancia procesal del caso.
El auto describe que la asesora habría realizado tareas ajenas a sus funciones institucionales mientras percibía retribución pública, y considera que Begoña Gómez habría tenido conocimiento y beneficio de esa situación. En este punto, el magistrado la señala como “inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente del desvío de dinero público”, según recoge el texto judicial.
Uno de los ejes de la investigación se centra en la obtención de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, donde el juez aprecia indicios de posible tráfico de influencias derivado del aprovechamiento de la posición institucional de Gómez. Este extremo se considera clave en la decisión de proponer el procesamiento.
En su auto, Peinado incluye además una valoración especialmente dura al referirse a la naturaleza de los hechos investigados, afirmando que conductas de este tipo resultarían impropias del funcionamiento ordinario en un sistema democrático, además de atribuirle a Gómez un posible delito de apropiación indebida relacionado con el registro de un software desarrollado en el ámbito de la cátedra, al considerar que podría haberse inscrito como propio de manera irregular.
Cristina Álvarez
En la resolución judicial se detalla que también se mantiene la acusación contra Cristina Álvarez, asesora en Presidencia del Gobierno, por presunta malversación, así como contra el empresario Juan Carlos Barrabés por delitos vinculados a corrupción en los negocios. El juez sostiene que ambos habrían participado en distintas actuaciones relacionadas con el uso de recursos públicos y contratos.
Finalmente, el magistrado ha archivado la causa relativa al delito de intrusismo profesional, al no encontrar base suficiente para mantener ese cargo. Las partes tienen ahora un plazo de cinco días para pronunciarse sobre la apertura de juicio oral, tras lo cual se decidirá si el caso avanza formalmente a juicio.
