Que nadie se alarme por el título de esta columna. Es la definición de lo que significa la decisión del gobierno liderado por Pedro Sánchez. Una decisión que lleva implícito la regularización de personas nacidas fuera de nuestras fronteras sin apenas control alguno. Sin que, incluso, se les exija que declaren su procedencia y ni tan siquiera identificarse para conocer su nombre. Muy al contrario del trato que se nos da a los contribuyentes de este país. Se puede comprobar estos días que se ha abierto el plazo para la declaración del IRPF. Nadie se escapa del control administrativo, incluso la propia Hacienda nos facilita la declaración en una clara exhibición de poder y que nos indica que estamos controlados hasta el último céntimo. Sin embargo, en relación a la emigración ilegal, el estado parece querer cerrar los ojos con los episodios lamentables que pueden sobre venir.
La decisión de legalizar a los que, en su mayoría, entran en nuestro país violando la legalidad vigente, es algo muy relevante que puede suponer un cambio en la sociedad española. Ser permisivos hacia personas que no se conoce ni su nombre es una temeridad y no cabe duda que hará que sea muy complicado su convivencia entre la sociedad española. A pesar de las consecuencias que puede arrastrar y no precisamente muy positivas, el gobierno de España ha secuestrado esta decisión, la de abrir las puertas de España de par en par, al Congreso de los Diputados para evitar ser debatido y sometido a votación. Un hecho que confirma el temor del gobierno de España a que no sea autorizado por los diputados. Al contrario de lo que se lleva a cabo en los países democráticos. Una decisión tan importante pasa por los cauces democráticos y representativos de las diferentes cámaras representativas.
Dada la gran importancia de esta medida, el haber sorteado y robado que se valore en el seno de la cámara de los representes de la sociedad y que se someta a la correspondiente evaluación, a través del voto, coloca al ejecutivo socialista a la altura de los regímenes dictatoriales. Aunque no debe extrañar ya que el presidente del gobierno ha realizado numerosos viajes a China. Ignoramos las razones que le llevó a Sánchez a viajar en numerosas ocasiones a China, pero todo apunta que fue a recibir lecciones de los dictadores chinos. Los regímenes con tiranos, déspotas, dictadores como dueños y señores de las sociedades no consideran que los ciudadanos han alcanzado la suficiente madurez para decidir su futuro y por tanto, son ellos los que deben hacerlo por el bien de todos.
Así ha actuado el gobierno de España. Está imponiendo una decisión de espaldas a los ciudadanos. Por tanto, esta norma que ha dictado el gobierno, para la regularización de emigrantes no se ajusta a las más mínimas normas democráticas. El gobierno es consciente y sabe que nuestro país es un gran receptor de la emigración ilegal, sin papeles. Es consiente que la calidad de vida de la que disfrutan los ciudadanos españoles es un gancho, un gran reclamo para esa emigración. Con un añadido, es un gran atractivo e incentivo para las mafias que trafican con personas. Aprovechando la laxitud de nuestro gobierno para formalizar la ciudadanía de los emigrantes, las mafias acentúan su tráfico y con ello incrementarán el gran problema que esta decisión irresponsable gubernativa está suponiendo. Pese a todo ello el ejecutivo no parece que haya valorado todo esto suficientemente dada su decisión. Lo que le hace un inmejorable colaborador de las mafias que sin ningún escrúpulo trafican con las personas.
Aunque se está dejando ver que el gobierno de izquierdas tiene como objetivo final tener unas mejores expectativas electorales. Las normas que se han diseñado para la regularización son tan nefastas como la decisión irresponsable de abrir las puertas de par en par para que todos puedan entrar, en nuestro país, sin apenas un ticket como pasaporte para poder pasar. Es decir, el gobierno de este país ha facilitado que nuestras fronteras se conviertan en un verdadero coladero. ero existe una realidad más contundente. Una realidad que está forjando y reforzando el gobierno y la izquierda en general. Esta regulación tiene también otro objetivo. Un objetivo miserable y bastardo que es el de generar malestar entre los ciudadanos que puede desembocar en rechazo hacia esa emigración ilegal en diversos grados.
Están fomentando problemas de convivencia que pueden generar graves consecuencias. Pero añadiremos un elemento muy importante, la vivienda. Si en la actualidad con los habitantes de nuestro país tenemos un déficit de casi un millón de personas, ¿Dónde podrán alojarse? Si las listas de esperas médicas son casi escandalosas, un millón de personas utilizando la SS harán que los servicios sanitarios se desborden como una DANA. Si la seguridad en las calles está en crisis, un millón de personas más sin saber si son delincuentes potenciales, tal vez salir a la calle puede ser una heroicidad. Podríamos subrayar más errores de esta nefasta regularización, pero tendríamos que escribir una enciclopedia. Como decía encabezando este artículo, “no es emigración es invasión”. Si no es invasión, se le parece mucho.
