A Emilio Vázquez Blanco se le relaciona con una trama destinada a favorecer contratos públicos a personas del Partido Socialista Portugués
El exsecretario de Organización del PSOE de A Coruña y exdiputado autonómico gallego, Emilio Vázquez Blanco, ha sido detenido en Portugal dentro de una investigación sobre una presunta red de corrupción vinculada a adjudicaciones públicas en varios municipios gobernados por el Partido Socialista portugués (PS).
La operación, denominada “Imergente”, está siendo desarrollada por la Policía Judicial portuguesa y ha incluido decenas de registros en distintas localidades del país. Los investigadores sospechan que pudo existir una trama destinada a favorecer contratos públicos a empresas vinculadas a personas próximas al entorno socialista portugués.
Según las informaciones publicadas por medios portugueses y confirmadas posteriormente por distintas agencias, Vázquez Blanco figura entre los detenidos por su presunta relación con contratos adjudicados a través de su empresa de consultoría política, Cecubometrics, que trabajó para el Partido Socialista portugués durante la campaña de las elecciones europeas de 2019.
La investigación apunta a varios contratos que habrían sido facturados por importes cercanos a los 100.000 euros. Los informes analizados por las autoridades portuguesas señalan supuestas irregularidades en la documentación presentada, incluyendo la falta de detalles sobre personal contratado, horas trabajadas y desglose de servicios prestados.
Vázquez Blanco, que reside en Portugal desde hace años y mantiene vínculos profesionales en el ámbito de la comunicación política, habría sido considerado por los investigadores como presunto colaborador de Duarte Moral, exasesor del Partido Socialista portugués y una de las figuras señaladas dentro de la causa.
En libertad
Tras prestar declaración ante las autoridades portuguesas, el exdirigente socialista fue puesto en libertad sin medidas cautelares de carácter restrictivo, aunque algunas informaciones apuntan a la prohibición de mantener contacto con otros investigados mientras continúa el procedimiento judicial.
La investigación sigue abierta y las autoridades portuguesas tratan de determinar si existió manipulación de contratos públicos, prevaricación, fraude fiscal u otros delitos relacionados con la gestión de fondos públicos. Hasta el momento no existe una condena ni resolución judicial firme contra ninguno de los implicados.
