La propuesta afectará a usuarios con más de 100.000 seguidores en una red social o 200.000 entre todas y de paso también se ‘invita’ a utilizar el lenguaje inclusivo
Pedro Sánchez quiere seguir convirtiendo a España en la pequeña Venezuela. Como no le gusta la libertad de expresión y menos cuando el que se manifiesta es una persona con una cuenta en redes sociales amplia, se ha sacado de la manga una ley para controlar lo que dice las personas con cierto relevancia en redes, conocidos como ‘influencers’, que se suman a los tradicionales medios de comunicación. Se llamará el Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación. Los usuarios, con solo más de 100.00 seguidores en una red social o 200.000 entre todas, estarán obligados a rectificar sus informaciones si ‘alguien’ considera que es desinformación.
Pero, ¿qué es desinformación? ¿quién conoce la verdad única? Al fin y al cabo, una medida de control más propia del ‘Sanchismo’, el primer paso de un dictadura del pensamiento que encuentra su apogeo en países como China o Corea del Norte, especialmente, y que funciona, en pos de coartar totalmente la libertad recogida en la Constitución. Porque claro, cuando alguien publique temas como con lo de Ábalos en el parador de Teruel, el extraño viaje de Delcy Rodríguez a España, el caso del Tito Berni, el caso Koldo y toda la retahíla de actuaciones vergonzantes de este gobierno, el propio gobierno dirá que es un bulo y te obligará a rectificar. Es decir, el Gobierno dirá lo que es verdad y lo que no. La posverdad o la nueva verdad, que diría George Orwell en 1984. A ese mundo quiere dirigirse el sistema podrido en el que vivimos, a censurar todo lo que no le conviene.
Un dato curioso de esta grotesca ley es que, en un primer lugar, el número de seguidores iba a ser de un millón, pero claro, eso es controlar poco, así que unilateralmente, han decidido reducirlo a la décima parte: 100.000, no vaya a ser que dejen cabos sueltos. Lo llaman «novedad relevante» y esto permitirá que “personas afectadas por informaciones inexactas publicadas por estos usuarios puedan exigir la publicación de una rectificación en un mayor número de supuestos”. El plazo de rectificación será de 10 días para un medio de comunicación y 20 para un usuario. La otra novedad es que «la inclusión de opiniones o juicios de valor al contenido de la rectificación«. ¿Pero opiniones de quién? En cuanto a los menores, desde los 16 se entra dentro del ‘derecho’ a la rectificación.
Lenguaje inclusivo de paso
Perro aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, una vez que se ponen a legislar no se quedan cortos. El Gobierno ‘recomienda’ la sustitución de términos como usuario por “persona usuaria”, legitimados por “persona legitimada” y discapacitados por “personas con discapacidad”. Asimismo, advierte del empleo de términos como “director”, “demandado”, “perjudicado” o “aludido” única y exclusivamente en su forma masculina. Estas sugerencias se realizan en coherencia con el compromiso del CGPJ, a través de su Comisión de Igualdad, para el impulso del lenguaje inclusivo. Desde este medio ya anunciamos que no utilizaremos ningún lenguaje inclusivo impuesto.
