El Congreso de los Diputados quiere ahora retirarle la acreditación en la sala de prensa del Congreso, al menos durante tres meses si se confirma la infracción
El Gobierno ha impuesto una multa de 10.401 euros a Vito Quiles por desobedecer órdenes de la Policía durante la manifestación feminista del 25 de noviembre de 2025 en Madrid. La Delegación del Gobierno tomó la decisión tras comprobar que Quiles ignoró las instrucciones de abandonar el lugar, situación que los agentes consideraron necesaria para prevenir posibles altercados y proteger su propia integridad, saltándose según afirman el cordón policial.
Fuentes policiales señalan que Quiles se dirigió de manera provocativa a los asistentes de la marcha, que había sido comunicada oficialmente a la Delegación del Gobierno. Varios participantes lo rodearon, gritando “fuera, fuera”, lo que incrementó la tensión en el entorno. Ante esto, la Policía le advirtió en tres ocasiones que debía retirarse, informándole además que su negativa podría derivar en una sanción formal.
El periodista dispone ahora de 15 días para decidir si realiza el pago voluntario de la multa, lo que reduciría el importe a la mitad y pondría fin al procedimiento administrativo. En caso de optar por presentar alegaciones, Quiles podrá aportar documentación y pruebas, y la tramitación del expediente seguirá su curso hasta resolverse de manera definitiva.
Acreditación en el aire
Paralelamente, el Congreso de los Diputados evaluará en los próximos días si se le retira la acreditación de prensa. Quiles había sido citado el martes 3 de marzo por cinco presuntas infracciones graves relacionadas con la persecución y grabación de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero en los pasillos de la Cámara.
La normativa del Congreso establece que una sola infracción grave puede derivar en hasta tres meses sin acreditación, mientras que superar dos infracciones en menos de un año se considera muy grave, lo que permitiría suspender la credencial hasta tres años o revocarla definitivamente. La decisión final dependerá de la evaluación de la Mesa del Congreso y del análisis de los informes y testimonios presentados.
